En el documento emitido denuncian las condiciones «precarias» en las que se encuentran los opositores encarcelados, los allanamientos a medios de comunicación y la «criminalización» del activismo social. 

La defensa de los derechos humanos se hace en Nicaragua “enfrentando un entorno sumamente hostil”, denunció el organismo Amnistía Internacional (AI), como parte del informe anual que presentó este lunes sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. 

Agrega la organización, que en el caso del país, varios activistas de oenegés que trabajan la materia fueron secuestrados, encarcelados y procesados junto a políticos que adversan al régimen. La organización calificó esas detenciones como arbitrarias.  

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Denunció además que médicos y profesionales de la salud sufren persecución desde el estallido social de 2018, igual que los activistas de derechos humanos, y que la persecución se intensificó el año pasado. “Siguen enfrentando ese entorno hostil”, dice el comunicado. 

En el documento emitido desde Londres, señalan las condiciones «precarias» en las que se encuentran los opositores encarcelados, los allanamientos a medios de comunicación y la «criminalización» del activismo social. 

La cacería de ONG 

En su informe, la organización denunció la ilegalización de las oenegés, que en la actualidad ya superan las 100 y cuya mayoría se dedicaban a la promoción de los derechos humanos, apoyo social y capacitaciones agrícolas entre otros gestos de solidaridad.     

«Los defensores de los derechos humanos sufren acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas», sostiene el informe. En las cárceles del régimen hay al menos cuatro activistas condenados por denunciar los abusos. Una de ellas es Evelyn Pinto de 63 años y quien fue condenada a 8 años de prisión.   

En el documento, AI recordó que en mayo del año pasado, las autoridades abrieron una investigación sobre la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, por acusaciones relacionadas con blanqueo de capitales. 

Recordaron que su directora, Cristiana Chamorro fue puesta en custodia policial en su casa y condenada a 8 años de cárcel en un proceso que el régimen ha ordenado se celebre a puertas cerradas y sin acceso a sus familiares y a la prensa independiente. Destacaron que Chamorro era la figura con mayores posibilidades de ganarle a Daniel Ortega en las elecciones de noviembre pasado. 

Exponen en el informe las ocupaciones ilegales de los medios; Confidencial, Esta semana y La Prensa. Mencionaron que los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza fueron encarcelados en junio y condenados por delitos que el gobierno mandó a hacer para procesar a los opositores.   «Durante el año (2021), el entorno hostil y los ataques permanentes de las autoridades provocaron que varios periodistas huyeran del país», criticó el organismo.

Detenciones ilegales de presos y presas políticas 

Amnistía Internacional denunció que «las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del Gobierno» y que a la fecha hay unas 170 personas detenidas entre manifestantes, empresarios, periodistas y militantes de otros partidos. 

La entidad señaló que ha tomado notas sobre denuncias en relación a las «condiciones de reclusión precarias» en las que se encuentran los encarcelados, los malos tratos y la incomunicación. Informaron que también que varias mujeres pasaron sus día de la mujer aisladas en una celda.