El proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, llamado a ser tres veces más grande que el de Panamá y anunciado como “el mayor proyecto de ingeniería civil en la historia” de la humanidad, cumple 10 años este domingo, sin indicios que el sueño bicentenario del país se haga realidad.
Fue un 3 de julio del 2012 cuando la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional aprobó la polémica Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Institución Rector, Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, promovida por el presidente Daniel Ortega.
La inversión sería de unos 50.000 millones de dólares
Un año después la Asamblea nicaragüense aprobó la concesión de construcción y administración a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) Group, el inversionista chino Wang Jing, presentado como uno de los hombres más ricos de China y entre los 200 más acaudalados del mundo, quien invertiría 50.000 millones de dólares, ofrecería 50.000 empleos, y duplicaría el producto interno bruto (PIB) del país en los cinco años de construcción.
El canal, que uniría el mar Caribe con el océano Pacífico, atravesaría el sur del país de este a oeste, con una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, 230 a 520 metros de ancho, 30 metros de profundidad.
“Es un proyecto fallido desde que inició, por la falta de transparencia y corrupción que implementó el régimen de Nicaragua, la resistencia campesina frenó su avance, la comunidad internacional entendió que podía usarse para la entrada de recursos ilícitos”, dijo a Efe el ambientalista Amaru Ruiz, cuya ONG, Fundación del Río, fue cancelada por el Gobierno nicaragüense.
El proyecto “nunca fue construir un canal”
Pero Ruiz sostuvo que “fallido” no significa “muerto”, como demuestra la existencia de la Autoridad Nacional del Gran Canal, recibiendo cerca de 200.000 dólares del Presupuesto general de la República cada año, pese a no tener funciones.
Para el abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Carlos Guadamuz, el proyecto “nunca fue construir un canal, fue algo pensado para expropiar a los indígenas, no iba a resolver ni siquiera el aspecto económico porque los derechos humanos son inalienables e inherentes a la persona”.
Según Guadamuz, “para Ortega propiedad es motivo de clientelismo político, por eso acostumbra prometer tierras”, y recordó que, como resultado, la mayoría de los líderes campesinos, único sector social de Nicaragua que logró organizar más de 90 protestas contra Ortega entre 2013 y 2018, “están muertos, en el exilio o en la cárcel”.
