La bancada oficialista del FSLN en la Asamblea Nacional, conformada por 75 diputados, emitió una nueva iniciativa de reforma a la Ley Electoral, Ley 331, misma que ya habían reformado el año pasado de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, los cuales fueron señalados por varios países y organismos internacionales de ser una “farsa” electoral.

Tal iniciativa contempla nueve reformas de las cuales ninguna plantea una “reforma de fondo” que responda a la construcción de un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo; en cambio, parece ser que propone un mayor control sobre el proceso electoral, así como limitar la fiscalización ciudadana, señalan algunos analistas.

A pesar que el diputado y jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) autonombrado opositor, Léster Flores Mayorga, dijera en entrevista a medios independientes que las nuevas reformas buscan disminuir los gastos de campaña, o bien lo que él denominó “economía electoral”, evidentemente ninguna reforma obedece a las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organismos políticos e e internacionales.

“Todo lo que venga a mejorar y a hacer más eficiente el sistema electoral nosotros lo vamos a respaldar”, manifestó el diputado del PLC, partido señalado de ser colaboracionista del gobierno.

La directora del Observatorio Electoral Urnas Abiertas, Olga Valle, explicó en entrevista a Nicaragua Actual que tales reformas no plantean mejorar la transparencia o la integridad general del sistema electoral, lo cual indica que estas responden a intereses propios del gobierno y que desatienden las recomendaciones que se han hecho desde la sociedad civil y distintos organismos de observación y la comunidad internacional.