El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) respaldó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordenó la liberación del periodista deportivo Miguel Mendoza y otros ocho presos que el Gobierno de Daniel Ortega identifica como opositores.

Mendoza, quien criticaba públicamente al Gobierno sandinista, fue arrestado en julio de 2021, durante una ola de arrestos contra disidentes en el marco de las elecciones generales de noviembre de ese año.

En su resolución, la CorteIDH también ordenó al Gobierno de Ortega que tome medidas para garantizar la integridad y la vida de Mendoza, así como de los otros ocho convictos.

Exhortamos públicamente al Gobierno de Nicaragua para que, sin vacilaciones, acate lo resuelto por la CorteIDH y cumpla con cada uno de los siete puntos resolutorios que son de ineludible cumplimiento, brindando todas las garantías señaladas por el tribunal regional», resaltó PCIN en una declaración.

Entre los puntos resolutorios, la CorteIDH ordenó a Nicaragua que «proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios».

También mandó «adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad y libertad» de los beneficiarios y de sus familias».

Además de Mendoza, la resolución de la CorteIDH tiene como beneficiarios al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, y los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.