Después que este lunes expiró el plazo que fijó la Organización de Estados Americanos (OEA) para que antes de finalizar mayo del 2021 el régimen de Daniel Ortega generara condiciones electorales óptimas, lo que se espera son más sanciones bilaterales de los países miembros, como Estados Unidos. 

“Esto va a llevar a países como Estados Unidos o la misma Unión Europea a tomar medidas que pueden llevar a la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea” dijo el analista político y exdiplomático, Bosco Matamoros. “Es decir, el escenario multilateral (con la OEA) era más favorable para el gobierno de Daniel Ortega, pero ellos han preferido confrontarla. Y esto no impide a los Estados tomar medidas y sancionar a este gobierno”, agregó Matamoros. 

En todo caso, lo que se prevé es que Ortega se radicalice. El analista Bosco Matamoros considera que el mayor problema es que este proceso electoral carece de credibilidad. “A este paso vamos desembocar a ser una Venezuela pero sin el petróleo. Vamos a tener hambre, sin poder comprar alimentos, como le sucede a los venezolanos”. 

Una fuente en Washington le dijo a este medio que se conoce una resolución que se someterá a votación en la próxima reunión del Consejo Permanente de la OEA, pero hasta el momento no existe ninguna convocatoria en la página web del organismo. 

El exembajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard, adelantó que esta resolución se puede aprobar a inicios de este mes. En dependencia de los votos que se consiga, la resolución puede desconocer los resultados de las elecciones, por falta de condiciones, o hasta un llamado al no reconocimiento o suspensión de Nicaragua de la OEA, en aplicación de la Carta Democrática. 

En el caso del desconocimiento de los resultados se puede conseguir por mayoría simple, mientras que la aplicación de la Carta Democrática necesita mayoría cualificada, algo que pareciera estar fuera de las posibilidades hasta el momento.

Para Bosco Matamoros, el Consejo Permanente puede designar a un grupo de “buenos oficios” para que en una visita “puedan destrabar esta situación”. Sin embargo, el analista considera “poco probable que se pueda resolver en esos términos”. Por eso él cree que “la respuesta al régimen de Ortega serán sanciones a individuos, entidades y aspectos estratégicos de la economía de este país”, como el Tratado de Libre Comercio. “Hay una gama de opciones que están en el tapete. Porque las resoluciones de la OEA son un aspecto, pero las acciones bilaterales son otro aspecto. Yo creo que el peso será en el campo bilateral”. 

Puntos a modificarse

La última comunicación de la OEA sobre este tema fue la intervención del secretario general, Luis Almagro, durante una sesión ordinaria en la que informó sobre la situación política de Nicaragua y dijo que “se encamina a la peor elección posible”. “Está claro que en Nicaragua no se cumple con los elementos esenciales de la democracia representativa”, dijo Almagro en aquella ocasión. 

Esa sesión se realizó de acuerdo al mandato de la Asamblea General que se realizó el 21 de octubre del año pasado, en la que el secretario se comprometió a informar periódicamente sobre el cumplimiento de las condiciones electorales solicitadas por la OEA. En aquella reunión se aprobó la resolución llamada “Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el respeto de los derechos humanos de Nicaragua, mediante elecciones libres y justas”. 

El documento de octubre de 2020 estableció siete puntos a modificarse antes de finalizar el mes de mayo de 2021, con el fin de generar condiciones para unos comicios electorales justos. Entre los puntos, estaba la modernización del Consejo Supremo Electoral (CSE); los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión, el registro abierto de los nuevos partidos políticos; actualización de los registros de votación, observación electoral internacional, distribución de cédulas de identidad, la publicación de los resultados en tiempo real y procedimientos adecuados para la presentación de quejas.

Contrario a acatar alguna de estas recomendaciones, desde inicios de mayo el régimen de Daniel Ortega aprobó una reforma electoral que le da una ventaja absoluta al partido Frente Sandinista, en el poder desde hace 14 años, y escogió a magistrados leales y sandinista para presidir el CSE.

Además de esto, canceló la personería jurídica a dos partidos políticos, Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC). En las últimas dos semanas también ha iniciado una persecución en contra de la precandidata a la presidencia más popular en las encuestas, Cristiana Chamorro Barrios, por supuesto lavado de dinero. Los analistas coinciden en que la cacería contra Chamorro tiene como fin eliminarla como contendiente como sucedió este martes y de paso golpear a los periodistas independientes que todos los días han sido citados para entrevistas en la Fiscalía. En este caso se han congelado las cuentas de al menos cinco personas investigadas y dos de ellas, antiguos trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se encuentran detenidas durante 90 días, sin que hasta el momento tengan derecho a la defensa.

EE.UU: “acciones alarmantes”

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo que estas acciones “son alarmantes”. Agregó que “las elecciones libres y justas se ven socavadas cuando los medios independientes están bajo asedio y los líderes de la oposición no pueden postularse”.

Casi al mismo tiempo, el 27 de mayo el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, publicó una fotografía en Twitter en la que se encontraba reunido en Washington D.C. con Juan González, Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para las Américas, y Ricardo Zúñiga, Enviado Especial para el Triángulo Norte, para “evaluar los últimos acontecimientos en Nicaragua”.

En este contexto se da la visita este primero y dos de junio del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el vecino del sur, Costa Rica, donde se reunirá con funcionarios de Centroamérica, México y República Dominicana, entre ellos el canciller nicaragüense, Denis Moncada. Según la nota del Departamento de Estado, los temas que se hablarán son “un enfoque colaborativo para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la mejora de la gobernabilidad democrática, la seguridad y las oportunidades económicas para la gente de Centroamérica”. 

Cabe destacar que a Costa Rica huyeron más de 110,000 nicaragüenses a raíz de la crisis política de 2018. “Costa Rica ha condenado las elecciones parlamentarias fraudulentas en Venezuela y ha apoyado la resolución de la OEA que pide una reforma electoral en Nicaragua», dijo Blinken en una nota de prensa. 

Para el exdiplomático Bosco Matamoros, Nicaragua se está convirtiendo en un factor de desestabilización regional, porque le está creando presión a Costa Rica. “El gobierno de Nicaragua está aislado de la iniciativa del Triángulo Norte y si sigue así se quedará aislado dentro de este proceso de integración centroamericana”, dijo Matamoros.