Reformas incorporan las leyes punitivas que, por ejemplo, establecen la inhabilitación de candidaturas opositoras y el control de la policía sobre las campañas de los partidos políticos. Las enmiendas desatienden la reestructuración solicitada por la OEA. “La nueva ley electoral defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional”, advierte Estados Unidos.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó este martes una reforma a la Ley Electoral (331) que impone más trabas para la participación de la oposición, y habilita un camino más cómodo para cometer fraude electoral en los comicios programados para noviembre próximo. Las reformas incorporaron al texto las leyes punitivas aprobadas el año pasado que, por ejemplo, incluyen la inhabilitación de candidaturas opositoras o el control de la policía sobre las campañas de los partidos políticos. Es decir, Ortega será juez y parte de un proceso que controlará, sumada la elección de nuevos y leales magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de cabo a rabo.

La iniciativa de reforma tuvo el voto favorable de 85 diputados —70 de la bancada sandinista y el resto de los partidos colaboracionistas— y solo cuatro en contra. Fue el segundo punto en la agenda, tras la elección de diez magistrados electorales. Las disposiciones del Poder Legislativo imponen más obstáculos para la oposición nicaragüense, que exigió verdaderas reformas para competir de forma justa. Aunque la oposición pidió remover las trabas en la iniciativa, no fueron capaces de hacer mella en la decisión oficial. Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo desoye también a la comunidad internacional y marca claramente su rumbo: no pretende elecciones libres y competitivas.

La Ley queda prácticamente intacta a la iniciativa introducida el 12 de abril. Pese a que una Comisión Especial de Carácter Constitucional, conformada por diputados sandinistas, “sometió” la norma a “consulta” con 19 partidos políticos, sólo se “incorporaron aquellos aspectos que coinciden con el objetivo de la reforma”, dijo la diputada del FSLN Jenny Azucena Martínez, presidenta de la comisión.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en reaccionar a la reforma electoral de Ortega. “La nueva ley electoral defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional. El CSE está altamente parcializado. Nicaragua se encamina a elecciones viciadas a menos que implemente un proceso libre y justo que respete la voluntad de la gente”, expresó la subsecretaria interina de Estado, Julie Chung.

Las trabas contra la oposición

La norma deja como tal todos los aspectos que opositores y especialistas en reformas electorales han analizado con alarma.

El artículo 81 de la legislación establece que no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección popular personas a quienes el gobierno les aplique la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Tampoco aquellos que hayan recibido financiamiento extranjero y cuyos recursos hayan sido ocupados para “actividades de injerencia”.

El artículo 89 obliga a los partidos políticos a presentar a la Policía Nacional una solicitud para la realización de marchas y mítines. La institución policial ha sido acusada por organismos de derechos humanos de ser una de las instancias más represivas en Nicaragua. En el primer trimestre de este año electoral ha prohibido reuniones opositoras en los departamentos del país. El 8 de febrero, evitó que un grupo del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se congregaran en un hotel del departamento de Estelí, bajo el argumento de que no tenían autorización para reunirse.

La diputada Azucena Castillo, de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), criticó estos artículos incorporados en la ley, a pesar de las recomendaciones realizadas por el partido durante la consulta. “Es una reforma a la Ley 331 que decepciona, porque no ofrece salida a la crisis. Era tan fácil darle al país la satisfacción que se merece. Yo creo que haber cumplido los compromisos que demanda la OEA hubiera sido ideal para esta ocasión”, dijo la legisladora en el debate parlamentario.

Según la presidenta de bancada del PLC, Rosa Argentina Navarro Sánchez, su partido introdujo 21 consideraciones y 12 propuestas: siete de ellas ya estaban en la ley y cinco no fueron admitidas. “El PLC solicitó velar por la observación nacional e internacional y no por un simple acompañamiento. También separar e independizar el sistema de registro civil y que el único documento sea la cédula de identidad, no el documento supletorio”, esgrimió en el plenario. Estos pedidos no fueron escuchados por la comisión encargada de la consulta.

Desatiende a la OEA

La OEA, a través de una resolución titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, solicitó la completa restructuración del controvertido Poder Electoral, el restablecimiento de todos los derechos civiles y políticos, un recuento transparente de los resultados y observación internacional “creíble”. La reforma de Ortega dista mucho de lo solicitado por la OEA, de acuerdo con especialistas en el tema. El plazo concedido para estos cambios vence en este mes. Las reacciones de este organismo están por verse.

Por su parte, el Grupo Promotor pro Reforma Electorales (GPRE) proponía la colocación de magistrados no afines, con una trayectoria sólida y confiable, algunas reformas constitucionales que no alcanzaron en el proceso, la publicación de los resultados en tiempo real y la observación nacional e internacional. Estos aspectos también quedaron pendientes. El gobierno colocó a personas que simpatizan con su gestión como máximas autoridades electorales, y a pesar de que en la reforma se habla del uso de “tecnología”, no se hace énfasis que será utilizada para la divulgación en tiempo real de los datos. A la observación electoral se le conoce como “acompañantes del proceso”.

Oposición deberá decidir si va o no

Con tales zancadillas, la oposición deberá decidir si va con esas reglas o no. Para el politólogo y exdiputado Eliseo Núñez esas son las únicas opciones que quedan. “Si por la víspera sacás el día, no hay ningún tipo de voluntad política de mejorar lo que ya tenemos. Entonces para mí se tiene que contar con lo que hay y tomar la decisión”, asegura.

Los opositores todavía no han emitido una postura clara sobre sus intenciones. Algunos aspirantes a la presidencia, como Juan Sebastián Chamorro, han hecho un llamamiento a la defensa del voto, incluso bajo esas condiciones nada halagüeñas y con todos los insumos para un fraude. Otros, como Arturo Cruz, piden seguir “juntos y firmes”. Félix Maradiaga, por su parte, hizo un llamado a la “unidad”, una que a casi siete meses de los comicios no ha sido concretada.

Los miembros del GPRE valoraron que las reformas entorpecen las garantías de un proceso libre y democrático. “En la propuesta de hoy encontramos prácticamente lo mismo que leímos en la iniciativa. Hay, incluso, más trabas de las que ya tenía la ley”, sintetiza Yader Loza, miembro experto del GPRE.

Para el especialista, Ortega no responde a las demandas que hizo la OEA, a pesar de que “ejecutó” en el papel los cambios. Con unos magistrados afines y propuestos por la bancada sandinista, “no se da cumplimiento a las expectativas de la comunidad internacional”, comenta Loza.

“Es un retroceso en materia de transparencia, porque en vez de dejar de hacer pública las cosas, más bien predomina un ocultamiento con esta Ley. Hay un elemento también clave: no se establece como obligación depurar el padrón electoral. Es decir, se deja a la discrecionalidad del Consejo. Esos aspectos, acompañados de las inhibiciones, son los más preocupantes”, explica.