A partir del mes de septiembre de 2020 y enero de 2021, la Asamblea Nacional de Nicaragua, conformada en su mayoría por diputados sandinistas aprobó una serie de leyes, consideradas para defensores de derechos humanos “leyes represivas en contra de la ciudadanía”.  

Tanto a nivel nacional como internacional, estas leyes han sido condenadas. Para el abogado Braulio Abraca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las leyes aprobadas en Nicaragua, representan una grave violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de la población nicaragüense. 

Me refiero a la aprobación de la ley de regulación de Agentes Extranjeros, la cual representa una amenaza no solamente a la libertad de expresión y de prensa, sino también a la libertad de asociación ya la libertad del trabajo de la sociedad civil que históricamente han ejercido su labor defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses”. 

La llamada Ley Especial de Ciberdelitos, según la Asamblea Nacional, tiene como objetivo la protección de la ciudadanía y la sanción de los delitos cometidos a través de las tecnologías de la comunicación. Diversos sectores argumentan que se trata en realidad de “una ley mordaza” que limita la libertad de expresión y amenaza el ejercicio del periodismo, algo que negaron los diputados del FSLN. 

Por otro lado, la ley de cadena o de prisión perpetua, evidencia otra clara violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, destaca el abogado del Colectivo. 

El hecho de aprobar una ley de prisión perpetua representa una violación  fragrante  no solamente a la constitución política sino también  a los cuerpos jurídico internacionales de los derechos humanos y que también ataca la integridad de la persona el proyecto de vida humana, la dignidad; porque toda persona tiene derechos a una segunda oportunidad, desde el punto de vista del derecho penal que, como sabemos tiene que ser un derechos penal educativo, reformativo, no una situación de castigo punitiva”.   

Esta ley de cadena perpetua en Nicaragua, “no se le dará el uso que corresponde, la intensión es “para amenazar, hostigar, para asediar a la población el tema de que una persona esté de manera perpetua en una cárcel”, asegura Abarca. 

El Colectivo ha analizado, el combo de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, aseguran, “estas leyes destruyen, la libertad de expresión en Nicaragua además de atacar a periodistas, ataca a la población en general y representa una amenaza para Nicaragua. 

El Eurodiputado Ramón Bauzá, alertó a la comunidad Internacional de no caer en la trampa del el Gobierno Ortega Murillo quien a su criterio ofrece una ilusión de negociación con la que pretende bajar la presión en contra de su gobierno, declara. 

Ortega y Murillo son conscientes de que necesitan mantenerse en el poder y no quieren tener que enfrentarse a la justicia por los años de crímenes y saqueos que han sometido al pueblo nicaragüense, por ello tiene un plan que llevan meses ejecutando, yo personalmente como digo denunciando. Desde el año pasado la mayoría sandinistas de la Asamblea nacional aprobó una batería de leyes dirigidas a restringir la libertad del aprensa y de las redes sociales; a cortar el apoyo de la sociedad civil nicaragüense y también a limitar las opciones de los candidatos opositores a concurrir a esos comicios.”   

Según Bauzá, al gobierno Ortega Murillo le comienzan a hacer daño la presión internacional, menciona que el gobernante “ya ha expresado su voluntad de negociar”, pero este ofrecimiento encierra una trampa en la que la comunidad internacional no puede ni debe caer, advierte el eurodiputado.  

El plan de Ortega ha consistido en acelerar la represión en los últimos meses con la intensión de ceder luego las leyes más controvertidas en un gesto de supuesta buena voluntad hacia la comunidad internacional, pero distrayéndola de los más importante la reforma Electoral.” 

Según la Organización de Estados Americanos, esta reforma debería aprobarse antes del mes de mayo para garantizar unas elecciones libres en noviembre de 2021. Este lapso ha sido secundado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).