La pena perpetua recién aprobada por los diputados sandinistas entró en vigencia este 19 de enero, al ser publicada en la Gaceta Diario oficial de Nicaragua. Para defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, esta ley representa un retroceso en materia de derechos humanos para el país.

Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, señala que “el gobierno Ortega Murillo está pretendiendo imponer una prisión a perpetuidad que está en nulidad en muchas partes del mundo” y asegura que esta ley, representa un retroceso al reconocimiento y a la vigencia de los derechos humanos.

“ Es un retroceso por que la cuarta parte de los países del continente americano utiliza esa figura, en medio de cuestionamiento por ser violatoria de derechos humanos.”

La abogada Wendy Flores, también del Colectivo, añade que esta medida de perpetuidad de prisión aprobada el pasado 18 de enero, está hecha para violentar los derechos de la oposición nicaragüenses.

Está dirigida  a perseguir políticamente  a los activistas, a los defensores a quienes se oponen actualmente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y no como ha pretendido hacer ver que es para perseguir a quienes realizan crímenes de femicidio.”

La abogada menciona que lo que el país necesita es que se respete la ley 779 y que se cumplan las medidas y las penas impuestas para cada uno de los casos. El ejemplo más cercano a la fecha indica la abogada es el caso de la joven asesinada de jalapa que el autor principal del delito había salido en libertad sin haber terminado su condenada y fue beneficiado hace un año con absolución de su pena carcelaria.

Abogados y defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Carrión enfatiza que esta ley es parte de lo que se le ha llamado popularmente “combo de leyes” que pretenden recrudecer la persecución a quienes denuncian los abusos de poder.

El gran objetivo es aumentar la persecución que viene intensamente desde abril 2018, sin embargo la dictadura no ha necesitado de ninguna ley ni de modificar la constitución y han matado a centenares en Nicaragua del cual no han rendido cuenta”.

Los asedios que hay en contra de los activistas y defensores y de todas las personas opositoras son la demostración de crímenes de odio, pero cometidas desde el gobierno de Nicaragua, denuncian los defensores. 

El Colectivo demanda y exigen que cesen las represiones y se declaren inconstitucionales estas leyes de parte de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, condenó también la aprobación de la reforma del artículo 37 y hace un llamado a familiares de privados de libertad a no dejarse intimidar, porque la aplicación de la ley “No es retroactiva y para aplicarla se requiere una reforma al código penal”.