La crisis de derechos humanos en Nicaragua, continuó durante todo 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir la disidencia, así lo señala Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre derechos humanos en el Mundo.

Un peso grande del informe 2020-2021 refleja la respuesta de los gobiernos ante la pandemia de COVID-19, que en el caso de Nicaragua, no tomó en cuenta las recomendaciones sanitarias de las organizaciones internacionales, manifiesta AI.

Caso Nicaragua

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aplaude el informe publicado por Amnistía Internacional, porque en él se aborda las principales problemáticas que enfrentó Nicaragua en el año 2020, dice la abogada y defensora de derechos humanos Wendy Flores.

En Nicaragua se continúa con la estrategia de reprimir a la disidencia política en el país con la represión y ataques a periodistas, activistas y opositores independientes que no solamente a implicado las agresiones a los medios de comunicación, sino que también se ha extendido a sus familias, según el observatorio de agresiones de prensa independiente. También hace alusión a la falta de condiciones en las que se encontraban las personas privadas de libertad por razones políticas y en general de la situación privados de libertad en un contexto de pandemia y la ausencia de medidas y atenciones médicas en algunos casos planteados ante la Comisión Interamericana”, manifiesta Flores.

El informe de Amnistía resalta de manera particular la falta de respuesta por parte del Gobierno Ortega Murillo a la pandemia COVID-19, mencionando. “A pesar de las recomendaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19, las autoridades nicaragüenses promovieron encuentros masivos en los que no era posible mantener el distanciamiento físico…No contemplaba la promoción de las medidas de distanciamiento físico sino más bien llamaba a celebrar encuentros masivos y calificó de inadecuados los procesos de prevención y control implementados por las autoridades, pese a sus reiteradas peticiones y la respuesta del gobierno de que le permitiría visitar instalaciones de salud y proporcionaría información detallada, las autoridades no habían hecho nada al respecto”.

Siempre en el contexto de la pandemia, el Informe documentó que “en agosto, al menos 31 profesionales de la salud habían sido despedidos de su empleo en el sector público, según el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua y profesionales del derecho locales, después de que hubieran expresado su preocupación por sus condiciones laborales y la falta de equipos de protección individual (EPI).”

El Colectivo destaca que el informe hace alusión que en Nicaragua se penaliza el aborto terapéutico, por lo tanto, el derecho a la salud de la mujer no está garantizado. Por otro lado, se menciona la ausencia de políticas y protocolos para defender a personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental, puntualiza Flores.

Hubo un acuerdo que se celebró en el 2020 el acuerdo de “Escazú” que entró en vigor ese año que Nicaragua todavía no ha firmado y por lo tanto no tiene ninguna medida de protección o protocolo relacionado con defensores y defensoras en esa materia”.

Contra ONG y aprobación de leyes mordaza

Al concluir 2020, detalla el informe del caso de nueve organizaciones de derechos humanos a las que la Asamblea Nacional les canceló su personalidad jurídica en diciembre de 2018. El documento señala además que “en junio, la Asamblea Nacional canceló la inscripción legal de otra ONG que trabajaba en el municipio de Camoapa. En agosto, la Fundación del Río denunció que seis de sus propiedades, que incluían áreas de reforestación y reservas naturales, habían sido confiscadas arbitrariamente”.

Amnistía Internacional destaca la aprobación por la Asamblea Nacional de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la ley de prisión perpetua y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz; consideradas como leyes mordaza y violatorias a la constitución y derechos humanos.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos declaró que estas leyes trataban de restringir los derechos políticos y ponía en peligro derechos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales”, expone el informe.

Para la abogada Flores todas estas leyes están hechas con el objetivo de restringir el derecho de asociación de reunión y de libertad de expresión, causando daño al pueblo de Nicaragua. “El informe aborda estas principales problemáticas que están sin resolverse en Nicaragua y que están causando daños a las y los nicaragüenses, el daño que tenemos de no poder ejercer nuestros derechos de forma pacífica y segura», finaliza la defensora.