El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor René Sándigo. / END

Los integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el presidente Daniel Ortega, concluyeron un primer encuentro del diálogo en el cual abordaron temas de institucionalidad, socioeconómicos, de derechos humanos y libertades públicas; y se dejó planteada la posibilidad de abrir un gran diálogo nacional, informó una fuente oficial.

El presidente de la Conferencia Episcopal nicaragüense, monseñor Sócrates René Sándigo, dijo la noche del miércoles a los periodistas después de cuatro horas de conversación con Ortega, que el encuentro se dio en un ambiente de “respeto y altura”; y que la esperanza es que a partir de ello se abran las puertas a un diálogo nacional con todos los sectores del país.

“Estamos satisfechos del encuentro, este es el primer paso para ir mejorando aspectos y errores que se han cometido, hubo apertura del Ejecutivo a nuestros planteamientos”, dijo Sándigo, al salir de la primera reunión formal que se efectuó después de siete años desde que la jerarquía católica solicitó diálogo a Ortega.

“Planteamos que se haga un gran diálogo nacional, no decimos la fórmula porque no somos técnicos, pero que haya una apertura para ir dialogando con diversos sectores sociales de manera que se escuchen sus inquietudes y que haya un diálogo conjunto, y (lo que vimos es que) hay apertura”, añadió el líder religioso.

En el encuentro que se celebró en la Nunciatura Apostólica al sur de Managua, participó Ortega, la primera dama nicaragüense Rosario Murillo y la hija de ambos Camila Ortega. Los tres abandonaron la Nunciatura sin brindar declaraciones a los medios.

Por parte de la Iglesia estuvieron la mayoría de los obispos, entre ellos los cardenales Leopoldo Brenes y el cardenal emérito Miguel Obando, quien fue invitado por Ortega a participar.

Sándigo dijo que plantearon a Ortega problemas relacionados con la institucionalidad, el respeto al Estado de Derecho, a las libertades públicas, derechos humanos, la privacidad de las familias y la necesidad de restituir la credibilidad en el sistema electoral.

“Pedimos que se apunte a unas elecciones en 2016 con la mayor transparencia posible para que el pueblo nicaragüense deje de vivir en esa inquietud de que si las elecciones son o no transparentes y honestas”, dijo Sándigo, quien indicó que ambas partes mostraron anuencia a seguirse reuniendo para conocer los avances en lo planteado. Según Sándigo, el mandatario optó más por escuchar que hablar.

El Obispo Auxiliar de Managua y Secretario de la CEN, Monseñor Silvio Báez tuiteó:«Confiamos en que el Gobierno de la República acoja nuestro humilde aporte con buena voluntad» (Del texto CEN a Pdte. Ortega anoche).

— Silvio José Báez (@silviojbaez) Mayo 22, 2014

 

La Conferencia Episcopal de Nicaragua entregó al presidente de Nicaragua un documento como aporte en búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor:

Conferencia Episcopal de Nicaragua

21 de mayo de 2014

Excmo. Sr. Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra

Estimada Sra. Rosario Murillo, Primera Dama y Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía

1. En nombre de todos mis hermanos Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua deseo, Señor Presidente y Señora Primera Dama, agradecerles la gentileza que han mostrado hacia nosotros, aceptando que nos encontráramos esta tarde. Como les manifestamos en la misiva en que aceptábamos este diálogo, lo único que buscamos es «compartir con sinceridad y buena voluntad nuestra preocupación común por la construcción de una Nicaragua mejor y por una sociedad más próspera y esperanzadora para todos los nicaragüenses». No nos presentamos ante ustedes movidos por ideología alguna, ni como políticos de profesión, ni como voceros de ningún grupo partidista, sino como «servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios» (1Cor 4,1). Agradecemos igualmente a nuestro querido hermano en el episcopado el Señor Nuncio Apostólico Mons. Fortunatus Nwachukwu, por acogernos con tanta atención y afecto en la Nunciatura esta tarde.

2. Los aspectos que hemos elegido para presentarlos a la consideración de ustedes son: la familia, los grandes problemas sociales, los derechos humanos, la relación entre el trabajo evangelizador de la Iglesia y algunas políticas del Gobierno, ciertos aspectos problemáticos de la Costa Atlántica y, finalmente, el problema institucional del país.

I. LA FAMILIA

3. Para la Iglesia la familia es una institución de fundamental importancia. Desde nuestra fe la familia es «patrimonio de la humanidad, espacio y escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente» (Documento de Aparecida, 302). Es «la célula original de la vida social (…), primera escuela de vida en la que se transmiten y viven las verdades de la fe y los grandes valores humanos y cívicos que constituyen el fundamento de la convivencia social (Carta de la CEN, 30.12.12, n. 6).

4. Reconocemos los esfuerzos hechos por el Gobierno por manifestar en los foros internacionales el respeto a la vida del no nacido y reconocer como «matrimonio», en sentido estricto, la unión que proviene del hombre y la mujer. Sin embargo es motivo de mucha preocupación para nosotros el llamado Código de la Familia, el cual

creemos que amerita ser discutido con más profundidad por los diversos sectores de la sociedad y enriquecido y liberado de posibles ambigüedades. Por parte de la comunidad eclesial, «en nuestra condición de discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados para que la familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la sociedad y de la Iglesia» (Documento de Aparecida, 432).

5. Creemos que hay que hacer esfuerzos educativos, pastorales y legales «para superar una mentalidad machista que ignora la novedad del cristianismo, donde se reconoce y proclama la igual dignidad y responsabilidad de la mujer respecto al hombre» (Documento de Aparecida, 453). Por eso condenamos con firmeza toda agresión y violencia realizada contra la mujer y apreciamos todo esfuerzo que se haga por superar este vergonzoso fenómeno social. No obstante el objetivo que persigue en este sentido la Ley 779, debemos reconocer que con ella no se ha logrado superar la dolorosa violencia contra la mujer en la sociedad y en la familia. Una ley que no vaya acompañada de una educación integral de las personas es siempre insuficiente. Además tenemos conocimiento de que su aplicación en algunos casos no ha sido suficientemente justa e incluso se ha llegado a convertir en un factor desintegrador de muchos hogares. Urge un programa educativo nacional con el fin de superar este problema.

6. Nos preocupa muchísimo que no se respete el derecho de las familias a su intimidad y a su libertad de conciencia. «La comunidad política debe asegurarle a los padres la libertad de tener hijos y de educarlos según sus propias convicciones morales y religiosas» (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2211). Por eso pedimos que quede suficientemente claro el límite de los llamados «gabinetes de la familia» y se evite su indebida injerencia en la vida de nuestras familias. Nos consta que en algunos casos llegan a fiscalizar la vida ajena y a inmiscuirse en la privacidad del hogar, lo cual atenta contra el Artículo 75 del código de la familia que afirma claramente la «patria potestad» de los padres. Tenemos además conocimiento de que se esteriliza a las mujeres de modo forzado en algunos centros de salud y se venden anticonceptivos abortivos. Sobre todo en la zona rural esto se ha vuelto muy recurrente. Desearíamos saber si esta es una política del Gobierno, pues es un tema gravísimo con el que se atenta a la vida y a la dignidad de las personas.

7. Desde nuestra fe consideramos grave e indebido que se esté imponiendo en algunos centros educativos la enseñanza de la llamada «ideología de género», opuesta al plan de Dios Creador y «a las diferencias dadas por la naturaleza humana» (Documento de Aparecida, 40). Al menos pediríamos que se dé igual oportunidad en las escuelas y universidades a la enseñanza de la doctrina moral católica, inspirada en la Revelación y la Doctrina de la Iglesia. Creemos además que las oportunidades en la sociedad para el hombre y la mujer deben ser iguales, discernidas solamente de acuerdo a sus cualidades personales y a su capacidad y preparación intelectual. «Setrata de armonizar, complementar y trabajar sumando esfuerzos. La mujer es corresponsable junto al hombre, por el presente y el futuro de nuestra sociedad humana» (Documento de Aparecida, 452).

II. LA PROBLEMÁTICA SOCIAL

8. «Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política y filosófica. Dios les ha otorgado su primera misericordia (…)». Por eso, en la Iglesia, como personas y como institución, «estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos» (Evangelii Gaudium, 198). No obstante los esfuerzos del Gobierno por superar el problema de la pobreza, seguimos sufriendo en el país lo que el Papa Francisco ha llamado la «cultura del descarte». Gran parte de nuestra población vive en la miseria, el desempleo es alarmante, el costo de la vida y la pobreza crece continuamente mientras que al mismo tiempo, como ha ocurrido siempre en la historia de este país, unos pocos individuos y grupos de poder siguen enriqueciéndose sin medida. Los pobres en la sociedad «ya no están abajo, en la periferia o sin poder, sino que están fuera. Los excluidos nos son “explotados” sino desechos, “sobrantes”» (Evangelii Gaudium, 53).

9. Haciéndonos eco de esta cercanía misericordiosa de Dios hacia quienes más sufren a causa de la pobreza en todas sus formas, queremos compartirles algunas preocupaciones que tocan nuestros corazones de pastores. Nos alegramos por la construcción del nuevo hospital en Mulukukú y de otros más en el país y la mejor atención brindada en algunos centros de salud de las zonas rurales. Sin embargo, constatamos en muchísimas otras zonas y ciudades del país la generalizada falta de atención médica de calidad en hospitales y centros de salud y la ausencia de medicamentos adecuados para muchas enfermedades. ¿Está el Gobierno preocupado por este doloroso problema que afecta a tanta gente pobre que sufre, tanto en el campo como en la ciudad? ¿Qué pasaría si las ayudas brindadas con mucha dificultad por organizaciones como la Iglesia y las ONG dejaran de atender a estos sectores vulnerables de la población? Urgen políticas de salud pública más eficaces y coordinadas que ayuden a ir solucionando este problema tan grave.

10. Vemos con preocupación que muchas de las donaciones, como medicamentos e instrumentos quirúrgicos, para hospitales y centros de salud públicos, que nos llegan como donación del extranjero, encuentran graves dificultades en los trámites aduaneros, corriendo el riesgo de que gran parte de ellos se deterioren o caduquen. Es necesario que el Gobierno de la República facilite que estas donaciones puedan llegar a su destino final con mayor rapidez y eficiencia a favor de nuestros hermanos más necesitados.

11. No obstante que nos alegramos de que ya se esté realizando la licitación para la construcción de la nueva cárcel de Bluefields, con los fondos incautados al narcotráfico internacional, sabemos por medio de nuestra Pastoral Penitenciaria Nacional, organismos de derechos humanos y de la misma Procuraduría de la República, que la población penitenciaria vive un alarmante y peligroso hacinamiento, poniendo en peligro su vida y su integridad y la de los mismos oficiales que laboran en dichos centros. En los últimos años han aumentado situaciones y condiciones en donde se practica un trato inhumano cruel y degradante a ciudadanos nacionales y extranjeros sobre todo en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”. Tenemos la suficiente documentación de las personas que han sufrido tales maltratos provenientes de distintas zonas del país. Es necesario que el Gobierno establezca soluciones a corto plazo para evitar graves e irreparables daños a estas personas y erradicar de una vez por siempre esta lacra social en el sistema penitencial del país. Dados estos abusos y maltratos que sufren muchos de nuestros hermanos privados de libertad, nos preguntamos ¿qué valores orientan al sistema penitencial nacional?, ¿qué formación reciben los oficiales que laboran allí, especialmente en materia de derechos humanos?, ¿qué tipo de criterios se utilizan para seleccionar a dichos funcionarios?

12. Exhortamos al Gobierno a que se tome en consideración el Ante Proyecto de Ley, debidamente documentado y presentado en septiembre de 2013 por la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) ante la Asamblea Nacional, por el que se pide el cierre definitivo de las cárceles de “El Chipote” y declarar tal lugar museo nacional por las razones antes aducidas. Pedimos al Gobierno que no se ponga ningún obstáculo al acceso de los organismos de derechos humanos a los sistemas penitenciarios del país, de manera que puedan constatar las anomalías e informar consecuentemente a alcaides y autoridades de gobernación. Proponemos que se agilicen las tramitaciones que contempla la ley en el debido proceso, las medidas cautelares y alternativas de beneficios de cumplimiento de condenas. Sugerimos, finalmente, que se establezca una política integral de rehabilitación penal a través de programas de integración social y tratamiento diferenciado para reos según peligrosidad, edad y cumplimiento de condenas.

13. Otro grave problema que sufren muchos nicaragüenses privados de libertad es que habiendo cumplido sus condenas establecidas por la ley, no se da trámite a su salida de la cárcel de parte de las autoridades. Le aseguramos, Señor Presidente, que este es un problema doloroso para muchas familias. También nos preocupa hondamente que al interior de estos penales se estén creando y organizando grupos delincuenciales que ejecutan nuevos delitos organizados fuera y dentro de dichos centros. Es necesario dar una respuesta urgente a esta problemática, que trae graves consecuencias para la paz social.

14. Al reconocer los esfuerzos hechos por el Gobierno en el campo educativo, en la superación del analfabetismo y las mejoras a las estructuras de muchos centros educativos, deseamos manifestar nuestra convicción de que vivimos un momento histórico y cultural en el cual es urgente hacer en nuestro país una opción clara y decidida por la educación de las nuevas generaciones. El futuro de Nicaragua depende en gran parte de la calidad educativa y de los horizontes de racionalidad y de ética que ésta genere en los jóvenes. Sólo una sociedad capaz de pensar y razonar, educada en modo excelente, podrá ser libre y generar procesos e instituciones que salvaguarden la justicia, la paz y la democracia en el país. No hay democracia sin educación de excelencia. La Iglesia no es indiferente a esta opción tan urgente. Por eso considera los centros educativos católicos como elementos vivos y necesarios de su labor evangelizadora, en donde se supere el llamado “reduccionismo antropológico” que orienta a la institución educativa a “no desplegar los mejores valores de los jóvenes, ni su espíritu religioso” (cf. Documento de Aparecida, 328). Animamos al Gobierno a que promueva una educación de excelencia en todos los niveles educativos; a que evite el adoctrinamiento ideológico de los jóvenes en las escuelas y universidades, sin inmiscuirlos en otras actividades fuera del ámbito educativo; a fomentar entre los jóvenes el aprovechamiento del tiempo dedicado al estudio; a que sean promovidos solamente aquellos que demuestren haber asimilado los conocimientos recibidos; y finalmente a privilegiar el área humanística en donde las nuevas generaciones puedan formarse adecuadamente en el arte de pensar y razonar con sensatez y sabiduría e introducirse con madurez en el mundo de los grandes valores éticos para construir una sociedad justa, pacífica y tolerante.

15. Creemos que es necesario no ahorrar ningún esfuerzo por lograr que Nicaragua vaya siendo cada día más una nación en donde el sistema del Seguro Social sea justo y económicamente sólido a favor de todos los trabajadores del país y que no aparezca como dador de limosna en las manos de los adultos mayores que exigen con su jubilación algo que les pertenece en justicia (cf. CEN, 7.10.11, n. 10g).

16. Es sumamente doloroso que siga en aumento el número de nicaragüenses, jóvenes y adultos que abandonan el país en búsqueda de empleo, exponiéndose de este modo a diversos tipos de explotación, que van desde la violación de sus derechos hasta caer en manos del crimen organizado y el turismo sexual. Estamos convencidos de que el Gobierno podría hacer mucho más en cuanto a la protección del migrante, creando vínculos de colaboración con la Iglesia y con otras instituciones, atendiendo a los migrantes en las fronteras, apoyando las casas de albergue. Sugerimos además acompañar a los jóvenes que han sido becados por el Gobierno en el extranjero para evitar sufrimientos precarios y un regreso frustrado al país. Sugerimos además al Gobierno que haya mayor supervisión de los funcionarios de las fronteras para evitar el drama doloroso del tráfico de menores, a la vez que nos preguntamos sobre el estado actual del proyecto de ley de protección al migrante. En todo caso es un reto urgente para el Gobierno tomar medidas concretas para evitar este creciente flujo de nuestros hermanos nicaragüenses a otros países.

III. DERECHOS HUMANOS

17. Hablar de derechos humanos para un hombre de fe, es hablar del mismo misterio y gloria de Dios revelados en el ser humano, creado a su imagen y semejanza. La fuente última de los derechos humanos, en efecto, no se encuentra en la voluntad de los seres humanos, de los poderes públicos o del Estado, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. No es ajeno, por tanto, al servicio al Evangelio y al mismo trabajo pastoral anunciar continuamente el fundamento cristiano de los derechos del hombre y denunciar cualquier violación a estos derechos.

18. En Nicaragua hay que hacer todavía muchos esfuerzos por respetar y promover los derechos humanos en su integridad. Percibimos que falta un plan integral de nación, en donde se contemple un programa para disminuir la pobreza sin exclusiones, para elevar la calidad de la educación, fomentar la productividad amigable con el medio ambiente, lograr el fomento del trabajo sin discriminación partidaria, el respeto irrestricto a las libertades individuales fundamentales y un desarrollo económico-social con iguales oportunidades para todos. Aún reconociendo los grandes esfuerzos de la Policía Nacional por garantizar la seguridad ciudadana y su lucha contra la delincuencia, es urgente poner fin a todo abuso de autoridad y maltrato de parte de la misma Policía frente a ciudadanos que reclaman sus derechos pacíficamente, e igualmente velar para que la Policía Nacional no caiga en la indiferencia y el desinterés para hacer prevalecer la justicia y salvaguardar la integridad de grupos indefensos de jóvenes, mujeres, comerciantes, etc., que se han visto atacados por algunos grupos violentos ante la mirada impasible de ellos como agentes del orden.

19. Proponemos que se termine con la falta de respeto a los derechos humanos en el campo del trabajo, a través de estrategias y acciones concretas que lleven a superar: a) La falta de empleo permanente y la desigualdad de oportunidades, que propicia el enriquecimiento de solo determinados grupos de poder; b) Las erráticas políticas públicas de generación de empleo, en donde se favorece sólo a un sector que es partidario del Gobierno; c) Algunas decisiones del Estado contra todo trabajador o trabajadora que no sea afiliada al partido de Gobierno, exigiéndoles para obtener o mantener un empleo condiciones tales como la participación en actividades políticas partidarias del gobierno y la retención en el salario de una cantidad como aporte partidario; d) Las violaciones a los derechos laborales, el acoso laboral y las ofensas contra la mujer en las empresas de la zona franca.

20. Nos preocupa mucho el creciente y alarmante deterioro y destrucción de nuestros recursos naturales, que representan para el país no sólo un beneficio ecológico, sino también turístico y económico. Nos preguntamos, ¿qué sucede con las leyes de protección de los recursos naturales y áreas protegidas y por qué no se aplican? Los planes de manejo forestal y los cambios de suelo para el cultivo del café han contribuido al deterioro irracional de los bosques, secándose muchas de las fuentes de agua y violando así las normativas de las áreas protegidas. Proponemos al Gobierno que afronte con firmeza el grave problema del irrespeto al medio ambiente y a los recursos naturales. De manera sistemática y reiterada se vienen escuchando los clamores de las etnias de las riberas del río Coco, zona norte, zona atlántica y otras zonas del país, acerca de la existencia de una mafia maderera que viene depredando las pocas reservas verdes que nos quedan: Bosawás y Prinzapolka, Cordillera Dipilto-Jalapa, la reserva Indio Maíz y otras zonas no menos importantes para la biodiversidad. En estos lugares operan individuos y organizaciones, que al amparo corrupto de las autoridades municipales y nacionales, continúan su labor depredadora sin restricción de ningún tipo, ignorando las muchísimas leyes existentes protectoras del medio ambiente. No omitimos además la gravedad que representa para la conservación y equilibrio del medio ambiente el problema de la minería a cielo abierto. Le pedimos al Gobierno que exija a las compañías mineras que ya operan en el país, las debidas medidas para proteger la vida de las personas y evitar la contaminación del medio ambiente y expresamente negar el permiso para tales obras en territorios vírgenes de explotación minera, como en el caso del municipio de Rancho Grande en Matagalpa, respetando la decisión de sus pobladores. Proponemos que en relación con la minería se reforme la actual ley sobre “Explotación de riqueza de recursos naturales”.

21. Nos preocupa que no se privilegie de parte del Gobierno y, muchas veces, no se respete el derecho a la libertad de expresión, debido tanto al creciente monopolio de los medios de comunicación social de parte de grupos que no favorecen la pluralidad de la información, como de la discriminación de un gran sector de medios de comunicación social y de profesionales de la información. Proponemos al Gobierno que promueva y practique una irrestricta libertad de expresión en concordancia con los preceptos constitucionales y leyes de la nación. Igualmente es preocupante la falta de acceso a la información pública, pese a que existe una ley específica y la misma Constitución lo establece con claridad. La población tiene derecho a conocer con absoluta transparencia todo lo concerniente a la gestión pública. Proponemos al Gobierno que sus funcionarios dispongan de tiempo, recursos y disponibilidad para mantener informada a la ciudadanía, sin hacer exclusión de ningún tipo entre los profesionales de la información. Al mismo tiempo proponemos al Gobierno cumplir con la ley y reglamento de asignación de licencia de frecuencia de operación de radio y televisión, apegados a la Constitución y sin ningún tipo de discriminación.

IV. ALGUNAS SITUACIONES EN EL VICARIATO APOSTÓLICO DE BLUEFIELDS

22. En primer lugar deseamos ofrecer a la consideración del Gobierno la creación de nuevos municipios en la Costa del Atlántico. Por lo general, los municipios de la RAAN y de la RAAS abarcan mucho territorio y no son muy buenos los medios de transporte. Esto dificulta grandemente los servicios básicos de los municipios. Reconocemos con satisfacción y gratitud la mejoría de carreteras en muchas zonas y la construcción de nuevos caminos de penetración. Sin embargo, es importante seguir mejorando la red vial en la Costa Caribe. Buenas vías de comunicación permiten atender mejor a la ciudadanía en el aspecto médico y pastoral.

23. Desde que en 1894 la Costa Caribe fue anexada a la República de Nicaragua ha sido una verdadera «colonia» del Pacífico. Se han extraído sus recursos naturales (oro, pesca, madera, etc.), sin haberse canalizado suficientes recursos para el beneficio del territorio atlántico y se ha establecido un sistema de tenencia de tierras (propiedad privada) que no respeta las costumbres ancestrales de los habitantes de la zona (las tierras comunales). La Ley 445 intenta salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a ser dueños de sus tierras no como individuos sino como comunidades. Más de 33,000 km2 están reconocidos como tierras indígenas, en 23 territorios de la RAAS, la RAAN, muchos terrenos de afro-caribeños al sureste de Bluefields y en el departamento de Jinotega.

24. Hace falta un proceso de “saneamiento” jurídico. De los 23 territorios antes mencionados 22 han sido titulados. Proponemos al Gobierno realizar con urgencia un censo de familias no indígenas que se han ubicado en esos territorios para conocer su situación jurídica. Si llegaron después de 1987, fecha que en Nicaragua se reconocieron las tierras comunales, la asamblea territorial debe decidir si determinada familia se queda o no. Si se quedara, debe pagar el territorio en alquiler, ya que las tierras indígenas no se venden; si la asamblea decide que se vaya, el Gobierno debe pagarle a tal familia por las mejoras hechas.

25. Los colonos que llegan a estas tierras destruyen los bosques para hacer potreros; el indígena ve el bosque como parte de su hábitat normal. Son dos cosmovisiones distintas y dos culturas distintas. Sugerimos al Gobierno que otorgue más atención a este problema por las consecuencias violentas que ha suscitado en los territorios: muertes, huelgas, secuestros, etc. Para la Iglesia se presenta un grave problema pastoral de acompañamiento, pues por una parte no queremos desatender a ninguna persona, ni colono ni indígena, ni tampoco incumplir la ley que es fundamental en un Estado de Derecho. Por eso le pedimos al Gobierno que a través del diálogo, afronte el problema del saneamiento jurídico en relación con la tierra, acompañando el proceso y preocupándose por encontrarle una solución justa que sea acatada por todos.

26. Según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), l