Wilfredo Miranda periodista del medio digital Divergente y corresponsal del medio Internacional El País de España, dijo que en la entrevista a la que fue citado por el Ministerio Público, la fiscal Heidy Ramírez, le preguntó sobre su trabajo y sus fuentes señalándolo de cometer delitos de la Ley de ciberdelitos. 

Miranda fue citado como varios periodistas independientes en calidad de entrevistado por el Ministerio Público en el caso de la Fundación Violeta Barrios por el supuesto delito de lavado de dinero, entre otros. Según el periodista no reveló sus fuentes y paso seguido, las preguntas de la fiscal se dirigieron a su relación con la Fundación Violeta Barrios. 

“Hable de los premios de unas consultorías puntuales que realice de los cuales voy a traer mis soportes”. 

Una de las cosas que le pareció extraño al periodista es que durante el interrogatorio hubo un receso, al terminar el impase, la fiscal con su teléfono tenía varios artículos de investigación realizados por él. 

Comenzó a leer todos mis artículos, comenzó a incriminarme a decir que yo mentía. Que yo estaba faltando a la ley de ciber delito, al parecer les molesto mucho un relato que publicamos la semana pasada en divergente sobre el tema del allanamiento de la casa de Cristina Chamorro, en específico el detalle que la policía se llevó la chequera de la expresidenta Violeta” 

El periodista, Wilfredo Ernesto Miranda Aburto, Premio Iberoamericano Rey de España de Periodismo, además de otros reconocimientos, es un joven destacado y comprometido con la investigación periodística a profundidad. 

El comunicador sorprendido de la forma en que la fiscal lo increpó al decirle que su trabajo periodístico es un delito, manifiesta. "Se limitó a decirme que yo estoy incumpliendo con la ley de Ciberdelito, que eso era un delito. 

Según la LEY No. 1042, Aprobada el 27 de octubre de 2020, o ley de Ciberdelito, tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos “por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas”. El artículo 30 establece que las publicaciones que perjudiquen el honor, el prestigio o reputación de una persona supondrán una pena de entre uno a tres años de prisión. Y además una multa de entre 150 y 300 días de salario. La ley advierte que “si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada incita al odio o la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana” se impondrá una pena de entre 3 a 5 años de prisión y una multa de entre 500 a 800 días de salario.