El estado de Nicaragua ha mostrado recientemente su interés por regular el servicio de internet y ha elaborado una propuesta de ley que merece la atención de toda la ciudadanía. Se trata de una iniciativa compuesta por 53 artículos en los que se aborda conceptual y técnicamente la regulación de la materia, pero carece de un enfoque ciudadano.

Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc Nicaragua, creemos oportuno discutir sobre la intensión gubernamental de regular el internet, particularmente porque no encontramos en la propuesta de ley ninguna garantía a favor de la libertad de expresión y de la comunicación como derechos humanos. Ciertamente el Estado nicaragüense debe preocuparse por promover y masificar el acceso de la ciudadanía a cualquier servicio público, incluyendo el internet como uno de ellos, pero deben reflejarse las consideraciones de los sectores involucrados y de la ciudadanía.

A pocos días de haberse conocido la propuesta, la discusión en los medios de comunicación se ha enfocado únicamente en las implicaciones comerciales de los actores involucrados en esa industria, pero se ha omitido la revisión del derecho de la ciudadanía desde la perspectiva de la libertad de expresión. Las pretensiones regulatorias no pueden ni deben afectar el derecho de las personas de acceder a los contenidos disponibles en las redes sociales y el internet, salvo aquellos casos que representan un riesgo para la protección de otros derechos.

En la propuesta de ley debería quedar claramente establecida la protección de la libertad de expresión como una consecuencia directa del planteamiento jurídico consignado en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Este tratamiento jurídico debe considerar que el internet es un bien público, útil para fortalecer el modelo de una sociedad informada.

Hasta el momento, el internet ha sido un tema pendiente de regulación, pero los argumentos en el propósito deberían ser menos comerciales y adoptar un enfoque desde los derechos humanos. La protección de los derechos de la ciudadanía puede hacerse desde este mismo momento, sin necesidad de promover leyes de control, pues debería ser una preocupación natural del Estado el garantizar servicios de calidad para quienes usan el servicio de internet, aunque estos sean prestados por el sector privado.

Como movimientos de medios de comunicación comunitarios estamos conscientes que es necesario promover más y mejores coberturas para que todas las personas puedan acceder a ese servicio en igualdad de derechos, pero el manejo de contenidos debe ser un tema expuesto con transparencia.

Por esta razón, la propuesta de ley debería insertar como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la libertad de expresión y la promoción de contenidos orientados a la información y educación de la población.

A fin de discutir la gobernanza del internet en Nicaragua creemos necesario la observación de la declaración conjunta hecha por las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. El documento constituye una referencia de la preocupación mundial en el tema de las regulaciones del internet.

Las radios comunitarias de Nicaragua estamos en la mejor disposición para fortalecer cualquier propuesta que promueva y garantice los derechos de la ciudadanía, especialmente cuando se trata de temas novedosos en materia de comunicación. Cualquier esfuerzo en este sentido, por tratarse de una regulación del derecho humano a la comunicación debe ofrecer todas las garantías para no restringir sin causa la posibilidad de acceder a la información.

La comunicación basada en las nuevas tecnologías propone una dinámica interesante desde la gente, pues los usos son intensos y despiertan el interés de los grupos económicos debido a los valores agregados. Esta realidad debe ser capitalizada positivamente desde una lógica de responsabilidad social, donde prevalezcan los intereses de la ciudadanía.

Por ello Amarc Nicaragua solicita públicamente al Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y a los honorables diputados y diputadas de la Asamblea Nacional tomen en cuenta las observaciones técnicas y el análisis que hacemos a fin de garantizar que no se lesione los derechos humanos de nuestras comunidades y audiencias.