La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes 20 de junio reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que elevan severamente las penas para los delitos de violación, violación agravada, asesinato, parricidio y feminicidio.

La reforma parcial a ese paquete de leyes, propuesto por el Ejecutivo, fue aprobada por el voto de los 76 diputados sandinistas y sus aliados, de los 91 diputados que integran el Congreso.

Las reformas establecen incrementos de penas de entre cinco años y diez años para los delitos de parricidio, asesinato, violación a menores y violación agravada.

También endurecen las penas en casos de homicidios imprudentes agravados en accidentes de tránsito, cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad, dijo el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de Justicia.

La pena de prisión por el delito de parricidio con características de asesinato pasará de un mínimo de 15 años y un máximo de 20 años, a 20 años y 30 años, respectivamente. En el caso del asesinato, se eleva la sanción a entre 20 y 25 años, cuando hasta ahora era de 15 a 20 años de prisión.
Para el delito de violaciones a menores de 14 años, la pena se elevó a entre 20 y 25 años de prisión, cuando antes era de 12 a 15 años. En caso de violación agravada las penas subirán de entre 12 y 20 años, cuando hasta hoy era de entre 12 y 15 años.

En el caso de la reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, se estableció que el delito de feminicidio ocurrirá solo cuando lo cometa un hombre dentro de la relación de pareja, y se aumentó la pena respectiva de entre 15 y 20 años a entre 20 y 25 años de prisión. En los casos que el feminicidio tenga características de asesinato, la pena será de entre 25 y 30 años, según el proyecto.

"Creemos que esto nos fortalece. Viene a equiparar las penas entre feminicidio y asesinato; viene a ponderar en nuestro sistema las violaciones a menores", dijo en el plenario el jefe del grupo parlamentario oficialista, Edwin Castro.

Las reformas también contempla que los jueces técnicos podrán procesar un sinnúmero de delitos sin importar la jurisdicción donde se cometa. Según abogados constitucionalistas independientes, si se llegaran a juzgar algunos delitos fuera de la localidad de los sucesos, se crearía una figura que está prohibida en la Constitución, que son los juzgados o jueces de Excepción.

Las reformas entrarán en vigor cuando sean publicadas en el Diario Oficial, La Gaceta.

Fuente: Agencia de noticias ACAN-EFE