Jueces ordenarán medidas cautelares de casa por cárcel a unos 100 presos políticos en las próximas horas, previo al inicio del Diálogo Nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y representantes de la sociedad civil. Según fuentes judiciales, la mañana de este martes fueron llamados a reunión de urgencia todos los jueces donde les bajaron la orientación.
Aún se desconoce en base a qué los jueces harán el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliar. Esta idea surge durante la visita de los Eurodiputados en enero pasado, quienes afirmaron que una condición para retomar el Diálogo Nacional sería la libertad de los presos políticos a través de la figura de casa por cárcel
“Los asistentes de los jueces están trabajando en las órdenes de libertad y ellos mismos se encargarán de llevarlas al sistema penitenciario, la información no pasará de mano en mano”, dijo una de las fuentes.
En cuanto a la salida de este primer grupo de presos políticos, “se priorizarán aquellos casos que están en apelación y los que ya tienen sentencia en primera instancia. Además, serán autoconvocados que no fueron líderes en las protestas, confió otra fuente judicial a ese medio de comunicación” aclaró La Prensa.
Según algunas fuentes de información extraoficiales, al menos cien privados de libertad enjuiciados por causas políticas serán liberados después de un anuncio oficial gubernamental a partir del inicio del Dialogo Nacional mañana miércoles.
— Julio Montenegro (@JulioMonOficial) February 26, 2019
Desde el viernes pasado, las audiencias contra los presos políticos han sido suspendidas, entre estos, al menos diez casos que llevan los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
“Oficialmente no nos han comunicado, pero hemos tenidos muchos indicios que se beneficiará con medidas alternas a buen grupo de reos, entre ellos, Miguel Mora y Lucía Pineda. Estamos esperando la confirmación”, aseguró el abogado de la CPDH, Julio Montenegro. Montenegro es varios reos políticos, incluyendo a los periodistas.
Actualmente existen más de setecientas personas en Nicaragua, acusadas de terrorismo, crimen organizado, incendio, secuestro simple, obstrucción al servicio público, tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros delitos, por haber participado en las manifestaciones contra el régimen orteguista y todos están bajo prisión, incluso los que están por cometer supuestas faltas penales, como el caso del maratonista Alex Vanegas. Las supuestas víctimas de los acusados son militantes del partido Frente Sandinista y policías.
