En el Programa anual de contrataciones, se constató que la Contraloría General  de la República “han presupuesto  para 2020, una cantidad de 600,000 córdobas para compra de café y azúcar”, contradictorio porque no hay presupuesto para fiscalizar las instituciones públicas, manifiesta Martha Molina investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción.

Molina declara que esa organización da seguimiento al trabajo que realiza la Contraloría general de la Republica órgano rector de los bienes y recursos del Estado según el artículo 154 de la Constitución Política de Nicaragua.

El trabajo de la Contraloría es fiscalizar que todo el dinero que entra a las instituciones sea bien utilizado. Al publicar el informe de gestión anual correspondiente al año 2019. El Observatorio se percató “que la Contraloría dejo de fiscalizar a 82 instituciones publicas de las 252 existentes, esto significa que no están cumpliendo con lo que mandata la constitución política y la ley orgánica de esta institución.”

Molina lamenta “que los contralores sigan ciego sordos y mudos ante las arbitrariedades en las instituciones del Estado y que no realicen su trabajo”, tal parece «se están dedicando al negocio de la cafetería».