En Nicaragua, a partir del 18 abril de 2018 el régimen implementó una política de violenta represión y sistemática violación contra la población que ejercía su derecho constitucional a la protesta cívica y pacífica. La ley de amnistía presentada por el gobierno el pasado sábado es una ley de impunidad para muchos analistas políticos porque pretende proteger los crímenes que ha cometido a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares.

La ley de amnistía introducida de emergencia en la Asamblea Nacional es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Nicaragua, ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, como lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, ni prescriben.

La Alianza Cívica mediante un comunicado ratificó su compromiso con la verdad, justicia, reparación y no repetición, para lo cual se requiere una comisión de la verdad imparcial y creíble, fiscalía especial, instalación de un sistema de justicia transicional y el compromiso del Estado de no repetición.

Exigimos al régimen el cumplimiento de los acuerdos suscritos en lo relativo a la liberación total, definitiva e incondicional de todos los presos políticos, y el ejercicio pleno de los derechos y garantías ciudadanas, firmados el 27 y el 29 de marzo de 2019, manifestó la Alianza Cívica.

Continuamos como pueblo de Nicaragua en la búsqueda de una solución cívica y negociada a la grave crisis sociopolítica que enfrenta nuestro país, que permita el restablecimiento pleno de nuestras libertades constitucionales, reformas que garanticen elecciones justas, libres, transparentes, observadas y anticipadas.