El Estado de Nicaragua por tercera vez fue evaluado durante la 33ª sesión del Grupo de Trabajo de Revisión Periódica Universal (UPR) del Consejo de Derechos Humanos. Durante el evento, realizado en el Palacio de las Naciones de Ginebra, el gobierno de Nicaragua expuso un informe con cifras del 2014-2016 aseverando además respetar las libertades públicas y rechazando los informes de organismos internacionales que lo señalan de ser el principal violador de los derechos humanos en el país.

Las misiones diplomáticas que intervinieron con recomendaciones, 94 en total, en su mayoría plantearon la necesidad que en Nicaragua se respeten los Derechos Humanos, en particular el derecho a la movilización, manifestación pacífica, libertad de expresión y libertad de prensa; se excarcele a los privados de libertad y permita el retorno de los mecanismos especiales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh.

Costa Rica además de unirse a las recomendaciones de la mayoría de los países y pidió investigar las violaciones sexuales a privadas de Libertad y el respeto de derechos humanos para el retorno al país de quiénes se han visto forzados a migrar.

Cristóbal González-Aller Jurado, representante de España recomendó a Nicaragua apoyar medidas para el ejercicio del Derecho de asociación, reunión y expresión. Detener el uso de fuerza gubernamental, que permita el retorno de la OACNUDH, libere a todos los presos políticos y se devuelva lo confiscado a ONG y medios de Comunicación nacionales. Las únicas delegaciones que apoyaron a la misión de Nicaragua fueron Cuba, Bolivia, Rusia y Venezuela.

Discursos falsos

La delegación nicaragüense, encabezada por el ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales y vicecanciller, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, aseguró que en el país no solo se respeta el marco legal y de derechos humanos, sino que lo ocurrido el año pasado fue un “intento de golpe de estado” que no hay periodistas encarcelados y se respeta el derecho de la libertad de expresión.

Otra de las aseveraciones del gobierno de Nicaragua es que existen organismos no gubernamentales nacionales que están “politizados”, que “no hay presos políticos, si incitaron a la violencia no pueden ser presos políticos” y además que no se persigue a los defensores y defensoras de derechos humanos.

La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, considera que el EPU de Nicaragua “representa la oportunidad que en el foro más importante de Derechos Humanos a nivel mundial y dentro del mecanismo de protección de DDHH se haya podido conocer la realidad de la situación actual de Nicaragua»

Respecto al señalamiento del gobierno de que no persigue a las ONG ni a defensores de derechos humanos, Núñez dijo que no tienen la más mínima seriedad.

Ramón Muñoz, director de RIDH, con más de 20 años en Ginebra, considera que un aspecto importante tiene que ver con la insistencia de que regresen los mecanismo de derechos humanos al país, tanto de la CIDH como de la ONU, “Nicaragua tiene que ponerse al día con la rendición de sus informes ante los órganos de supervisión de tratados de derechos humanos que la han firmado, debe permitir el ingreso de todos los relatores, debe colaborar con la oficina de la alta comisionada, es decir, que se debe someter a la supervisión de naciones unidas y del sistema interamericano”.

José Adán Aguerrí, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, comentó que el gobierno debe ser coherente con el discurso y la realidad que viven los privados de libertad.

Oportunidad del país

Este viernes a las 4:30 pm hora de Ginebra será entregado el informe final con la adhesión de las recomendaciones y la delegación de Nicaragua tendrá que responder.

En el boletín de abril de la Oacnudh se señala que este ejercicio brinda al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de proporcionar información sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y a su vez a otros Estados de formular preguntas y recomendaciones a través de un diálogo interactivo.

El EPU es una evaluación elaborada a partir de informes brindado abrazos por las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno, las oficinas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las recomendaciones de los Estados que forman a la ONU.

Antes el país fue evaluado en 2010 y 2014 recogiendo una serie de recomendaciones dadas por los países que integran el Grupo de Trabajo ante el Consejo de Naciones Unidas sin que a la fecha las haya tomado en cuenta.