Una vez más organizaciones de Derechos Humanos expusieron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), los “cientos de acciones represivas en contra de personas residentes y detenciones arbitrarias coordinadas por policías y grupos paramilitares”, órdenes dirigidas por el gobierno nicaragüense de Ortega Murillo.
Martha Jackson Eade, en representación de la Red Internacional de Derechos Humanos, Ridh, menciona que de estas personas detenidas son al menos cinco miembros del movimiento campesino y unas tres son personas excarceladas. “En el caso de Dany García, es su tercera detención ilegal y ahora las autoridades lo acusan de narcotráfico y tenencia ilegal de armas, un típico patrón de criminalización de opositores”.
Actualmente se conoce que en las cárceles de Nicaragua hay 94 presos políticos, 14 de ellos fueron recapturados. Son frecuente las denuncias de actos de tortura y golpizas a los reos políticos.
Jackson hizo del conocimiento al Consejo del caso del joven John Cerna, quien recientemente fue llevado a una celda de máxima seguridad, donde también se “encuentra recluido el estudiante Kevin Solís desde hace más de cinco meses, en condiciones inhumanas”.
Informan de leyes represivas
La Ridh alerta también al Consejo sobre los dos proyectos de ley, la primera es una iniciativa de Ley para que en Nicaragua exista cadena perpetua “que supuestamente castiga los crímenes de odio, (pero) podría ser utilizada contra los opositores al gobierno”. Esto incluso lo reconoció el presidente Ortega en el acto del 15 de septiembre, al referirse a esta ley de forma amenazante y clara contra de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, medios de comunicación, entre otros.
Y, por otro lado, la iniciativa de Ley de Regulación de agentes extranjeros, que para la Ridh “esta propuesta penaliza la labor (de defensores de derechos humanos) y los hace más vulnerables al afectar su acceso a donaciones, subvenciones y otras ayudas”.
Estos dos proyectos de ley según lo expuexto por Jackson “puede agravar el entorno hostil en el que trabajan las organizaciones civiles, especialmente defensores de derechos humanos, activistas, cuya labor podrían estar aun en más riesgo”.
