Nicaragua llega al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con enormes retos y desafíos para lograr garantizar seguridad a las mujeres, según expertas consultadas.

Wendy Quintero, defensora del Colectivo Nicaragua Nunca Más, considera que el país arrastra muchas deudas en el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer, porque el gobierno ha creado las condiciones para que en su lugar, aumente más este delito. 

“Pese a que el Gobierno dice constantemente que protege a las mujeres nicaragüenses, son sus hechos los que delatan la falta de políticas públicas, en este sentido existe un debilitamiento del marco legal”, señaló.

“El gobierno desde el 2007 socava los derechos de la ciudadanía, en especial los de las mujeres. En el actual sistema reina la impunidad de los delitos que vulneran sus derechos y libertades fundamentales”, añadió.

En los primeros 10 meses del 2021 se han registrado 64 femicidios, según reportes del organismo Católicas por el Derecho a Decidir, un observatorio independiente que documenta y denuncia los casos de violencia.

“Nicaragua sufre un retroceso sustancial sobre los derechos de la mujer y no sólo en materia de leyes sino la práctica”, dijo una defensora de derechos humanos bajo anonimato por temor a represalias.

Maricé Mejía, Enlace Nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), aseguró que los femicidios son la peor expresión de la falta de atención que hay sobre esta problemática social. La mayoría de los casos se registran en zonas rurales, principalmente en los departamentos de Managua y Matagalpa.

“Más que una cifra son vidas de mujeres arrebatadas, mujeres jóvenes de 18 a 35 años. No hay una edad específica donde las mujeres estén exentas de vivir situaciones de violencia”, enfatizó.

«Las mujeres están siendo asesinadas por parejas y ex parejas. Sigue siendo la casa el mayor escenario de esta violencia cruel, con mucha saña contra las mujeres», detalló.

Comisarías de la Mujer no están preparadas para atender a las víctimas

Según la defensora de derechos humanos, Maricé Mejía, las víctimas de violencia que interponen una denuncia en la Comisaría de la Mujer no reciben un trato adecuado. “El trato que se utiliza para abordar el tema de violencia sexual cuestiona a la mujer, la hace sentir que ella es la responsable de encontrarse en esa situación. En muchas ocasiones no se toma en consideración lo que ellas exponen”, reveló.

Explicó que recientemente atendió la denuncia de una mujer que le fueron publicadas fotografías íntimas en redes sociales. La mujer contó que cuando se dirigió a una delegación policial, los agentes sólo archivaron el caso y no hicieron nada. Esta misma situación se repite en todo el país, según la defensora.

“En Nicaragua, lamentablemente, a pesar que existen grandes avances escritos (leyes) como la Ley 779, es un papel mojado porque no se suscribe a la realidad que enfrenta la mujer nicaragüense día a día”, aseveró.

El Estado es el responsable de crear las condiciones para la buena atención a las víctimas de violencia, pero no ha capacitado a su personal en las estaciones policiales y Ministerio Público.

“La situación no es de ahora, de este Gobierno -que ha violentado mucho los derechos de la mujer en distintos aspectos que antes no se hacían- ésto es algo sistemático que ha venido desde hace décadas”, manifestó.

Erradicar la violencia contra la mujer no es prioridad del gobierno

Para las tres defensoras de derechos humanos, el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer no es una prioridad del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las mujeres consideran que el Estado de Nicaragua está ocupado en otros asuntos políticos que le aseguren al partido de Gobierno continuar en el poder por varios años.

“El tema de la violencia contra la mujer ha caído en tercera prioridad porque (el Estado) ahorita está enfocado en perseguir a personas (opositoras) que no están pensando igual a ellos (Ortega y Murillo), entonces es así como Nicaragua está respondiendo a sus compromisos internacionales”, dijo una de las defensoras bajo anonimato.

Wendy Quintero adujo que desde la llegada al poder del gobierno Ortega-Murillo “hubo un gran retroceso en el tema de protección a las mujeres” como la penalización del aborto terapéutico y reprimir de forma constante a defensoras de derechos humanos, feministas y activistas con el impedimento de las marchas; tanto del 8 de marzo como del 25 de noviembre.

“En el último año el Gobierno ha liberado a centenares de agresores, violadores y femicidas mientras arbitrariamente mantiene en las cárceles al menos 10 mujeres presas políticas”, afirmó Quintero.

“El llamado es a toda la sociedad, como empresa privada, iglesia, sociedad civil, familia, comunidad, escuela ¿Qué estamos haciendo para erradicar y prevenir la violencia?. La recomendación es para el Estado, asumamos nuestro rol como ciudadanos, como funcionarios, periodista, etc. Cada quien desde su rol puede aportar a este cambio, donde las niñas y las mujeres se sientan más seguras, más protegidas”, agregó Mejía.

La educación desde la familia

Maricé Mejía recomendó a la ciudadanía que sea “agente de cambio” y que tome un rol protagónico para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Enfatizó que, para erradicar la violencia contra las mujeres, se deben hacer esfuerzos desde los hogares para educar a los niñas y niñas, incidir en la comunidad, hogar y familia para abordar estos temas.

“A quién tenemos que empoderar en primer lugar es a la mujer, que conozca cada uno de sus derechos, aunque en este contexto sociopolítico se hace cada día más difícil. Sin embargo, es muy importante que la mujer sepa sus derechos y los reclame”, dijo una de las defensoras bajo anonimato.

“No es solo que el Estado asuma su rol, sino que nosotras las mujeres demandemos que el Estado realmente defienda y resguarde los derechos de la mujer” añadió.

Por su parte, Quintero llamó al gobierno Ortega-Murillo a que cese la represión y criminalización, que pare el estado policiaco que no solo afecta a las mujeres sino a toda la nación; que se restablezca el Estado de Derecho y sobre todo el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.

“Que la Policía y todo el sistema de justicia de Nicaragua cumpla en la materia del respeto integral de la vida y se investiguen los 64 femicidios para que no queden en la impunidad y que se establezcan verdaderas políticas públicas a favor de la salud y vida de las mujeres. También que se restituya el aborto terapéutico como derecho hacia la mujer”, finalizó Quintero.